Mujer y política en tiempos de parto constituyente
María de los Angeles Fernández Ramil (@Mangeles_HM) * Politóloga, analista política, presidenta de Fundación Hay Mujeres (haymujeres.cl) y autora de “Sueños de igualdad: crónicas sobre feminismo en Chile” (Uqbar, 2020).
Escrito por: Paula Cifuentes 14/09/2020
Cualquiera que revise el acervo acumulado sobre la condición política de las mujeres de los últimos veinte años constatará que un porcentaje significativo de dicho conocimiento se relaciona, más que con las mujeres mismas, con las llamadas cuotas de género.
El salto parecía de lo más natural luego que, desde la reflexión feminista, se constatara que la posición formal de las mujeres en política “había sido un logro engañoso”. Como bien advierte Jenny Chapman[1] “el ejercicio de los derechos y deberes civiles, como lo son la participación política o el reclutamiento de las elites, depende de unos recursos de los que las mujeres no disponen en igual medida que los hombres. Puede que los derechos sean “universales” pero, si hay diferencias auténticas entre las situaciones, identidades culturales y recursos de los individuos, esos derechos tendrán posibilidades distintas (y distinto valor) para cada grupo”. Y remata: “en una sociedad generizada, la idea de que haya una ley “independiente del género” es una falacia”.
Frente a esta situación, la inventiva jurídica desarrolló lo que entendemos hoy por cuotas de género: mecanismos legales definidos como “medidas de acción afirmativa para garantizar la participación femenina en los Congresos o Parlamentos” velando, así, por no ser marginadas. Sumadas a los sistemas electorales proporcionales, las dificultades para su efectiva implementación han demandado buena parte de la energía reflexiva de las mujeres que se dedican, bien desde el activismo, bien desde la academia, a eliminar los obstáculos que las mujeres encuentran para participar en la vida política.
Aunque América Latina es la región del mundo donde su debut fue pionero, mostrando rápidamente una expansión e impacto que hoy cabalga a hombros de la paridad de género, Chile solo logró ponerse al día en 2015. La reforma al sistema electoral binominal fue acompañada de medidas de carácter temporal para garantizar la participación política equilibrada de hombres y mujeres. De esta forma, con la aprobación de la Ley N° 20.840 (sustitución binominal), se introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas. Con su aplicación, en las últimas elecciones parlamentarias (noviembre 2017), se logró un incremento de cerca de 7 puntos porcentuales, superior a los 1,6 puntos promedio con los que se venía avanzando desde 1989. De un 15,8%, se aumentó a un 22,6% la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados (de 19 a 35 diputadas, de un total de 155 escaños) y de un 18,4% a 23,3% en el Senado (de 6 a 10 senadoras, de un total de 43 escaños).
El relativo atraso de Chile con relación al resto de América Latina se ha ido acortando. En el último tiempo, comenzó a discutirse la posibilidad de extender la aplicación de las cuotas a otras instancias de elección popular como el poder municipal. Adicionalmente, en el itinerario constitucional que se ha abierto como resultado del estallido social del #18O y que contempla un plebiscito en el que los chilenos deberan responder si aprueban la redacción de una nueva Constituyente, deberá considerarse el criterio de paridad de género en un hipotético órgano constituyente. Se trata de un hito histórico, no solo para Chile sino a nivel mundial.
Lo anterior ha venido a coincidir con la irrupción del #Covid19, reto viral global sin precedentes y para el que se busca contra reloj vacuna, y que replantea muchas de las prioridades que traíamos para nuestro orden de vida. A nivel mundial, la pandemia ha desvelado su mayor impacto en las mujeres, contribuyendo a agudizar situaciones ya de por sí desmedradas en ámbitos como la salud, la integridad física y la economía de los cuidados. Ha contribuído a ponerle luz a la mayor responsabilidad que las mujeres tienen en la vida doméstica y, en general, en todo lo relativo a la reproducción, al cuidado y la crianza. La corresponsabilidad (o conciliación) entre la vida laboral y profesional se había venido debatiendo en muchos países, entre ellos Chile, con una lentitud tan pasmosa que cuesta recordar de cuándo datan las primeras intenciones de modificar la ley de sala cuna.
Hablamos de aspectos y dimensiones fundamentales para la sustentabilidad de la vida y cuyo desigual reparto, inscrito en el orden de género y en la dicotomía público-privado que encauza el funcionamiento de las sociedades, explican los impedimentos que encuentran las mujeres para insertarse plenamente en el espacio público así como la necesidad de mecanismos como las cuotas de género para el caso de la política.
Desde esta perspectiva, el horizonte constitucional abre posibilidades para debatir el papel que el Estado y el mercado ocupan en nuestras vidas haciendo-a su vez-dialogar los ámbitos productivo y reproductivo, hoy tan disociados. Entregará también orientación, sobre todo a aquellas mujeres que, además de políticas, se inscriben en un movimiento feminista que, en el último tiempo, venía conjugando tanta intensidad y urgencia como niveles de fraccionamiento interno.
Como recuerda Silvia Nieto al sugerir la corresponsabilidad como hoja de ruta, y citando a la activista y escritora Nicole Aschoff[2], “la pandemia ha revelado, aunque sea de forma brutal, las áreas en las que las feministas necesitan movilizarse y organizarse de aquí en adelante”.
[1] En Chapman, J. (1997) “La perspectiva feminista”, en Teoría y métodos de la ciencia política”, de Marsh, D. y Stoker, G. (eds), Madrid, Alianza Editorial, p. 116.
[2] En Nieto, Silvia (2020) “¿Para qué sirve el feminismo en tiempos de coronavirus?”, El Mundo, 1 de Mayo.
Fuente: Revista Empoderadas 14/09/2020
