Visados para hijos y nietos en el exterior y las contradicciones del PSOE
El pasado martes 19 de marzo, el director general de Migraciones de España, José Alarcón Hernández, anunció con bombos y platillos en Argentina la implementación de una medida: el otorgamiento de 500 visados a hijos y nietos de españoles en el exterior, sin requisito de nacionalidad. Se trata de una iniciativa, en principio, positiva pero, cuando se la revisa con detenimiento, surge la pregunta acerca de si responde a la realidad y necesidades del colectivo emigrante y sus descendientes, o si bien corresponde a otras motivaciones. Cuando se conoce más de cerca la historia de ciertas demandas de inmediato es posible afirmar que corresponde a la segunda opción.
El Estado español ha posibilitado la incorporación de una inmigración que, aunque bajó con la crisis del 2008, comienza a repuntar a partir del año 2016. España ha pasado de tener solo 1,6% de empadronados extranjeros en 1998 al 10%, lo que equivale a cuatro millones y medio de personas. Muchos de ellos vienen a engrosar las filas de su sistema de seguridad social y otros adquieren la nacionalidad.
Según los datos de Eurostat, España vendría a ser el tercer país comunitario que más extranjeros nacionaliza entre 2005 y 2014, superado solo por Reino Unido y Francia, así como el que más pasaportes otorgó a inmigrantes en 2014 y 2015.
Si España es un país acogedor con los extranjeros, los propios no quedan a la zaga. La llamada Ley de Memoria Histórica permitió, durante un periodo de tres años, que los nacidos fuera de España de abuelos nacidos en la península pudieran recuperar la nacionalidad. También se aprobó la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de la península en el siglo XV, sin necesidad de que renuncien a su nacionalidad y sin exigencia de residencia.
Pero tanta generosidad a la hora de saldar cuentas con ciertos sectores no encuentra correspondencia con otras situaciones, generando agravios comparativos evidentes. Excluidos de la condición de españoles ha ido quedando un número de descendientes que reviste una variada condición, con la consiguiente fractura al interior de las familias. Se trata de nietos de abuela española; hijos de personas a quienes les fue reconocida su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica generando que algunos de sus hijos sean españoles y otros no, dependiendo si eran menores o mayores de edad al momento de su entrada en vigencia; nietos de españoles nacionalizados para poder conseguir un trabajo en el país de acogida y nietos de españoles que desconocían la normativa que obligaba a ratificar, de acuerdo al artículo 24.3 del Código Civil, su voluntad de conservar la nacionalidad pasados tres años desde su emancipación, residiendo habitualmente en el extranjero. Es cierto que, en este último caso, los descendientes que experimentaron la pérdida de su condición de españoles podrían haber obtenido su nacionalidad bastando con residir durante un año en España pero, dado que muchas de las situaciones observadas tuvieron lugar al tiempo que miles de jóvenes españoles iban de salida del país por falta de horizontes laborales producto de la crisis del 2008, dicha medida estaba lejos de ser realista.
Dada esta situación, resulta del todo incomprensible la actitud adoptada por el PSOE, que contemplaba en su programa electoral la concesión de nacionalidad a los descendientes privados de ella, una vez llegado al gobierno de España. La constante han sido los titubeos y las contradicciones. Por un lado, la secretaria de Estado de Emigración, Consuelo Rumí, siguiendo al anuncio de visados desu director general Sr. Alarcón, informó sobre la necesidad por parte de España de 270.000 nuevos residentes anuales hasta 2030 para cubrir las deficiencias demográficas y garantizar la sostenibilidad del sistema social. Sin embargo, por otro, esas mismas autoridades plantearon en su día, ante la tramitación de la Ley de Nacionalidad a descendientes de emigrantes, que temían que una ley de nacionalidad inclusiva facilitaría una avalancha de 2 millones de nuevos españoles. La experiencia lo desmiente ya que, tras más de siete reformas en materia de nacionalidad entre 1978 y 2007 que posibilitaron el acceso a la nacionalidad española, jamás éstas representaron una situación de insostenibilidad para el Estado español y su entorno europeo.
En 2006, estos mismos funcionarios y algunos políticos que estuvieron en el referido Gobierno estimaban que, ante una ley de nietos amplia, accederían a la nacionalidad 2 millones de cubanos. De hecho, se utilizó esa falsa cifra, con el temor que ella suscitaría, como pretexto para cercenar casos de hijos y nietos de españoles a ser reparados, dejando casos de descendientes excluidos, y hacer una ley transitoria.
La realidad demostró, por el contrario, que solo 300.000 nuevos españoles accedieron en todo el mundo a la nacionalidad apelando a la Ley de Memoria Histórica, y no más de 20.000 de estos nuevos españoles emigraron a España, una ínfima cifra de lo que estimaban en ese entonces y esparcidos en diversos países, no solo Cuba, país que parece obsesionar a los funcionarios de Emigración.
Por el contrario, en este aspecto hay todavía mucho margen de mejora ya que otros países europeos presentan criterios más abiertos y ejemplares para la obtención de la nacionalidad por parte de los descendientes: la normativa italiana que permite el acceso hasta los tataranietos, la normativa portuguesa a los sefardíes y a los bisnietos de emigrantes y la croata, a los nietos. En ningún caso la UE y sus países se han visto en riesgo por ello.
La reciente tramitación de la Ley de Nacionalidad, que tuvo lugar entre mayo de 2018 y febrero del corriente, a la que solo le faltaron 15 días para ser realidad, fue frustrada formalmente por el llamado anticipado a elecciones generales, aunque ya, previamente, las autoridades de Emigración mencionadas se encargaron de torpedearla. El PSOE no trepidó en levantar obstáculos para alargar su tramitación a través de los señores Rumí y Alarcón. Para frenar el avance de una ley que ha generado amplio consenso en el resto de los partidos, propusieron hacer un nuevo estudio, esta vez “exhaustivo”, acerca de aquellos casos a ser reparados. Con el objetivo de ganar tiempo, ambos funcionarios olvidaron que ya el VI Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior emitió sus conclusiones en 2016 sobre los casos a reparar, en qué sentido debería hacerse y cómo orientar una futura ley en la materia. Dicho estudio se realizó en el marco de una Subcomisión de Nacionalidad y contando con una referente en la materia, con sobrado reconocimiento y prestigio académico como es Aurelia Álvarez Rodríguez. En ese marco, y cumpliendo dicho mandato es que se redactó la Ley de Nacionalidad que los señores Rumí y Alarcón entraron a frustrar.
La Ley de 2007 permitía el salto generacional en el acceso de la nacionalidad directamente del abuelo al nieto de emigrante, siempre que sea varón, no haya renunciado a la nacionalidad, o si lo hizo haya sido por razones políticas. Las enmiendas de PSOE interpuestas a la tramitación de la propuesta de la nueva ley venían a suponer, incluso, un retroceso en lo avanzado hasta ahora. Y no solo con relación al propio proyecto sino también respecto a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Los señores Rumí y Alarcón fueron testigos de las cifras reales durante una ley que se hizo bajo un gobierno en el que participaron en 2007, y además si son especialistas en la materia, saben que en cada reforma que hizo España (desde 1978, más de siete), ninguna generó una situación de insostenibilidad en consulados, ni en España ni en la UE. Ni siquiera generaron una situación de presión adicional en su sistema de seguridad social. Recordemos que, para acceder a prestaciones sociales, no los habilita una nacionalidad que adquieren los descendientes vía derivativa. Por orden TAS 874/2007 y Decreto 8/2009, solo pueden acceder los nacidos en España, o quienes residan por 10 años allí (tiempo en el que, además, cualquiera ya podría haber accedido por residencia).
Más llamativo resulta recordar que su propio partido se comprometió con este tema en sus programas de 2015/2016 y, además, durante la tramitación de la ley para sefardíes, intentaron sin éxito incluir casos de descendientes que ellos ahora mismo niegan. ¿Sería porque sabrían que no saldrían adelante? Como sea, acabamos de conocer el programa del PSOE para las elecciones generales del próximo 28 de abril y, en lo que se puede interpretar como un gesto de sinceramiento con el tema, relevan su nulo compromiso omitiendo la medida que habían contemplado en programas anteriores con la que buscaban dar respuesta a la demanda de los descendientes excluidos de la nacionalidad.
A la luz de todo lo anterior, cabe preguntarse por la oportunidad de las visas que se acaban de anunciar. Se trata de visas por tres meses con el objetivo de búsqueda de empleo, sin garantías o contrato estable, invitando a llegar a una España que tiene la tasa de desempleo estructural más alta de la UE. La mayoría de los descendientes tiene ya sus ocupaciones en sus países de residencia por lo que resulta difícil aventurarse a la búsqueda de trabajo, con tres meses para la búsqueda, asumiendo un verdadero riesgo.
La evidencia demuestra que los descendientes de emigrantes españoles no han hecho el camino inverso al de sus padres, abuelos o bisabuelos. En su mayoría, se sienten plenamente integrados en los países que acogieron a sus ancestros. Lo que, en esencia, se demanda es otra cosa: completar, por la vía del reconocimiento en un vínculo jurídico como es la nacionalidad, uno que ya existe y que es emocional. La actitud del PSOE para con los descendientes de los emigrantes españoles del siglo XX es tan solo una muestra de la relación establecida con la ciudadanía española en el exterior la que, por estos días, debe acogerse a la modalidad de voto rogado para poder sufragar en las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 28 de abril. Se trata de un derecho, el de votar, lleno de obstáculos por lo que ¿a quién le puede sorprender que la abstención de los ciudadanos españoles en el exterior se haya incrementado?
En vez de ver a los españoles y a sus descendientes en el exterior como riqueza y oportunidad para un país despoblado y con necesidad de recibir la contribución de todos los talentos, vivan o no en el territorio nacional, se los ve como una inconveniencia frente a la que hay que poner todo tipo de trabas y dificultades.
No será con la concesión de unos visados exprés y limitados como recurso electoralista de última hora que dicha situación podrá revertirse.
María de los Angeles Fernández Ramil, doctora en Ciencia Política y Analista Política
Juan Manuel de Hoz, cofundador del Centro de Descendientes Españoles Unidos (Ce.DEU) David Casarejos, presidente del Consejo de Residentes Españoles del norte del Reino Unido, representante por este país en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Fuente: Cronicasdelaemigracion.com 28/03/2019
También publicada en: laregioninternacional.com 29/03/2019 y lavozdegalicia.es 02/04/2019
