Ciudadanos por un nuevo rural
DEL dicho del artículo 138 de nuestra Constitución, que promueve la cohesión territorial al hecho de lo que es el país real, hay un gran trecho jalonado por fuertes dese-quilibrios. Los viejos partidos que han gobernado durante los últimos 40 años lo han convertido en un archipiélago de desigualdades terri- toriales. Hablan y actúan como si el escenario de una España o Gali-cia rural despobladas y vacías les fuera ajeno cuando son el resultado de su desidia.
Para ver los efectos sociales y económicos de las políticas rurales de estas pasadas décadas, los gallegos no tenemos más que darnos una vuelta por nuestro rural y descubrir un espacio envejecido, escaso de niños y jóvenes, con pérdida de biodiversidad autóctona y de tracción animal, con servicios de baja calidad y multitud de casas cerradas. Y por si fuera poco, sin autoestima y sin confianza en un futuro.
Los 257 concellos gallegos menores de 10.000 habitantes, que albergan 800.000 ciudadanos, o si se quiere, los 198 concellos predominantemente rurales, tendrán verdaderas dificultades para prosperar, y muchos de ellos para sobrevivir, si no abordan una gestión que recla-ma trabajar en red y espíritu man- comunado. Urge crear áreas con masa crítica de población, combinando esfuerzos y capacidades de los centros urbanos en apoyo de las áreas rurales y sus pequeños núcleos de población.
Enfocar las respuestas en el marco del reto a enfrentar, más que en el espacio en sí mismo, hará que las políticas apunten a promover y compartir iniciativas estratégicas transversales, por encima de las fronteras municipales y supramunicipales. El objetivo de construir un rural de ciudadanos, con iguales accesos a unos servicios básicos de calidad y a las mismas oportunidades de trabajo y emprendimiento, vivan donde vivan o quieran vivir, sólo podrá alcanzarse mediante la coordinación territorial de las políticas, con una voluntad de pactos que supere la fragmentación política y en base a liderazgos locales que desafíen el conformismo.
Ello demanda instrumentos e instancias específicas de gobierno y un marco estratégico y normativo con visión de largo plazo para regenerar y gestionar una transversalidad de la gobernanza territorial y sectorial que brinde apoyo a una efectiva descentralización y firme desconcentración de decisiones y servicios; para proteger y estimular la “generación soporte” de nuestro rural y para promover la discriminación positiva en materia de impuestos, vivienda, natalidad, mujeres y jóvenes.
Requiere, en fin, desarrollar instrumentos financieros europeos, nacionales y regionales específicos y establecer reservas propias en los Fondos Estratégicos y de Inversión si queremos revertir la despoblación. Materializar el acceso pleno a la banda ancha y desarrollar la agenda digital rural son herramientas indispensables para el logro de un modelo de éxito de cohesión territorial.
Para ello, necesitamos una Agenda Rural Gallega, un fondo que la sostenga y una Ley Marco de Igualdad Territorial y de Revitalización Rural que facilite la cohesión y la construcción de comunidades rurales vigorosas y sostenibles.
Fuente: elcorreogallego.es 23/01/2019
