Dinero público
A PESAR de la instalación del imperio de la corrección política existen, quizás cada vez más, políticos que hablan sin filtro, tal como piensan. Antes, quienes ocupaban cargos de responsabilidad política, medían sus palabras. Sabían que, cuando hablaban, lo hacían en representación de una institución. Abandonada la contención que impone el cargo, algunos se lanzan a emitir frases con todo desparpajo contribuyendo, de paso, a ese magma que son las fake news. Su paradigma, bien lo sabemos, es Donald Trump.
Sin llegar a esos niveles, el gobierno de Pedro Sánchez destaca porque, a su interior, tiene una autoridad que, en sus declaraciones, suele sacar ronchas. Se trata de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con frases en su haber como “estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”.
En Galicia hemos visto una variante sutil de la misma en estos días. El conselleiro de política so- cial y candidato del PP a la alcal- día de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañó su aterrizaje en la ciudad de la que ya fuera alcalde con la siguiente frase: “Es como si se hubiese parado el tiempo. Un solo presupuesto para todo el mandato”. Con ella, resume una crítica al actual edil. Jorge Suárez tiene a la ciudad en el suelo más por in-competencia que por falta de recursos ya que, por último, podía operar con las cuentas heredadas del Partido Popular.
Pero la frase es también reveladora de una idea: la eficacia en política vendría dada por la cantidad de presupuestos propios que un gobierno aprueba. Esa tarea, cada vez más difícil dada la creciente fragmentación política, concentra buena parte de la atención periodística, la que no es usual que se mantenga en las fases que siguen. Nos referimos a hacer seguimiento de su ejecución y, sobre todo, un escrutinio de la idoneidad y pertinencia del gasto. Galicia sabe del dispendio en obras faraónicas.
En su libro Recuperar el futuro. Doce propuestas que cambiarán España, Luis Garicano y Antonio Roldán, cerebros económicos de Ciudadanos, enfatizan la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado y de las políticas públicas. Abordan el impacto en el gasto de la estructura territorial de España, que ellos califican de “profundamente costosa e ineficiente”, recomendando la fusión y despolitización de los ayuntamientos. La eliminación de las diputaciones supondría un ahorro estimado de 600 millones de euros. Por otro lado, apuntan a suprimir los subsidios usados con fines políticos, el uso de datos y nuevas tecnologías y, sobre todo, la necesidad de evaluar las políticas públicas.
Si es que algo se ha aprendido con la crisis financiera del 2008, se debiera mirar los presupuestos más como punto de partida que como de llegada. De esta forma, cada vez que la Xunta sorprenda con un nuevo plan, bueno sería exigir información de resultados de los planes previos si es que nos interesa cuidar nuestro dinero. Pronto se cumplirá un año de la creación de un “comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria real” a nivel autonómico. De él, poco o nada se ha sabido.
El asunto cobra mayor relevancia en un contexto donde, a nivel nacional, se anuncia un vendaval de nuevos impuestos.
