Reforma electoral y el elogio de la virtud

Que se habría hecho en veinte días lo que no se logró hacer en veinte años, frase pretensiosa en boca de Sebastián Piñera, cobra actualidad a la luz de la celeridad legislativa con la que partió el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un ritmo, acompañado de contenidos con aspiración de cambio, que ha resistido el embate de las emergencias producidas por el terremoto del norte y el incendio porteño.

Está bien que el gobierno apure el tranco, no tanto por la necesidad de respuesta a una ciudadanía más demandante (menos del 50% cree al gobierno capaz de llevar adelante los tres ejes del programa, según Adimark) sino por las condiciones de su propia mayoría. Tal como lo recoge la experiencia de la propia Presidenta, cuenta con ella hoy pero nadie sabe lo que depara el mañana. En el intertanto, se han frenado ya 23 proyectos de la era Piñera, contabilizados por la propia Alianza y se han enviado algunos que vienen levantando chispas como la reforma tributaria.

Para ponerle más pelos a la sopa, el gobierno ha arremetido con una reforma electoral que busca el reemplazo del sistema binominal por uno de tipo proporcional corregido. Se trata de una reforma a un nivel distinto a las que, en este ámbito, emprendió el gobierno anterior, apremiado por las exigencias del movimiento estudiantil en el año 2011. Nos referimos a la elección directa de Cores, ley de primarias, la inscripción automática y el voto voluntario y el cambio de fecha de la segunda vuelta presidencial. Es de la envergadura que tendría la posibilidad de eliminar los quórum supramayoritarios y el control preventivo del Tribunal Constitucional.

Además, es todo un emblema. Supone el último enclave autoritario heredado de la dictadura y condición necesaria para que el debate sobre la nueva Constitución pueda resistir las objeciones a su impulso desde un Congreso binominalizado.

El proyecto en cuestión, que expertos señalan como una buena combinación de las recomendaciones de la Comisión Boeninger (que, en el año 2006, ya revisó catorce propuestas para cumplir su cometido), una elaborada por el diputado Pepe Auth y la propuesta conjuntamente por RN y la DC, señala como objetivos reducir la desigualdad del voto, permitir la representación e inclusión de todas las fuerzas políticas, aumentar la competitividad, facilitar la expresión de la mayoría y la representación de las minorías, promover un Congreso que refleje la diversidad y evitar que queden fuera candidatos con grandes votaciones.

Propone aumentar el número de parlamentarios, creación de más distritos y circunscripciones y fija un esquema de cuotas para que, al menos, 40% de postulantes al Congreso sean mujeres. Inexplicablemente oscurecidas han quedado otras propuestas como el establecimiento de elecciones para llenar las vacancias parlamentarias o la eliminación de la inhabilidad odiosa que impedía que dirigentes sindicales y gremiales puedan ser candidatos al Congreso. Se señala que el objetivo de enfrentar la subrrepresentación femenina, a estas alturas urgente por cuanto la propia Nueva Mayoría tiene apenas 15% de parlamentarias, conspira contra un ideal meritocrático que, mientras se le exige a las mujeres, la propia sociedad no está en condiciones de exigir para el resto.

En esa línea, no es posible hablar de “nuevo ciclo” sino de la persistencia de los atavismos de siempre que, por otra parte, no entienden que no se está proponiendo cuotas para mujeres ni escaños reservados con la pretensión de ganar “por secretaría”. Se trata de “cuotas de género”.

Esta modalidad, neutral al género, significa que su objetivo es corregir la subrrepresentación tanto de las mujeres como de los hombres o, en todo caso, establecer un máximo para ambos sexos. Se aspira a un equilibrio, de forma que ninguno de los dos ocupe más del 60% ni menos del 40%. La disposición viene a enfrentar la inoperancia de las cuotas voluntarias al interior de algunos partidos y el logro engañoso que supone para las mujeres el derecho a ser electas, una formalidad que depende de unos recursos de los que las mujeres no disponemos en la misma medida que los hombres. El incentivo financiero a los partidos que elijan mayor número de mujeres busca la eficiencia de la medida, creando condiciones para que tengan éxito en la competencia política.

La reforma al binominal viene a reforzar la impresión de la importancia que hoy parece tener la política parlamentaria. Pero lo curioso es que su dirección, que va en la línea de mejorar el modelo de representación ajustado a una democracia elitista-competitiva donde las elecciones son la principal fuente de legitimidad, coexiste con una demanda por instituciones y comisiones variadas con carácter autónomo, protegidas de los vaivenes de la política y de la intervención partidista, que no procede precisamente de lo que eufemísticamente se llama “la calle”: Banco del Estado, agencia de concesiones, agencia de calidad de las políticas públicas, INE, Sernac, una oficina que difunda la agenda de autoridades en el marco de la ley de lobby, una comisión para fijar el salario mínimo y hasta la idea, sugerida por el analista político Moisés Naim en reciente visita a nuestro país, de crear un ente que reporte el destino de lo recaudado por la reforma tributaria, haciendo, además, evaluación de impacto.

La tendencia a crear poderes autónomos e impolutos de la contingencia política está ligada, para el caso de América Latina, a los procesos de consolidación de la democracia y es muy posible que en Chile esté exacerbada por la hegemonía de la tecnocracia. Linz ya advertía que “este cambio de la accountability vertical de los partidos electos a la accountability horizontal de las comisiones u otro tipo de organismos no partidistas y electoralmente irresponsables va en contra del principio de responsabilidad democrática de la formulación de políticas públicas”. Conviene tener claridades sobre estas tendencias contrapuestas, alimentadas por un programa desagregado en ejes pero carente de un horizonte de sociedad que ponga en el centro la democraticidad de la política más allá de la política electoral, para moderar las ilusiones que despierta la reforma electoral.