Reformas políticas, ¿un debate noventero?

No debe de ser plato del gusto del Presidente Gabriel Boric el que, a una agenda de seguridad que requiere la mayor de las urgencias, pacto fiscal, reforma de las pensiones y ley corta de Isapres, se añada la necesidad de modificar un sistema político crecientemente disfuncional en términos de representación y de gobernabilidad. Tan en serio parece ir el debate que hasta el Partido Comunista, poco amigo de invertirse en el fortalecimiento de las instituciones, siente que debe de decir algo, aunque sea para no estar de acuerdo.

Tomando como base los consensos logrados por la Comisión Experta del segundo proceso constituyente, la prensa destaca sus puntos neurálgicos: combatir la fragmentación política, evitar el transfuguismo (el “discolaje”, fenómeno que irrumpió en la era Bachelet) y mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese marco, comienzan a aflorar dos posturas identificadas por Cristóbal Bellolio: umbralistas (con acento en la fragmentación partidaria) y disciplinaristas (con foco en la indisciplina y en la calidad de los políticos).

Por lo pronto, Marcela Ríos advierte bien que, por muy transversal que sea el consenso logrado, ello no aminora los riesgos, al tiempo que invita a abrazar un enfoque sistémico, así como a considerar la experiencia comparada. Llegados a este punto, el asunto se complica por una muestra cada vez más reducida. Puesto que se supone que debemos mirar a democracias de corte relativamente modélico, solo 24 ostentarían el estatus de “democracia plena”, de acuerdo con el más reciente ranking de The Economist.

El “elefante en la habitación” perpetuo de este tipo de reformas es el muro que levantan quienes están llamados a aprobarlas. Hablamos del monopolio que tienen los partidos sobre cualquier alteración de las reglas que los afectan, pero ¿se puede aspirar seriamente a cerrar la brecha de confianza entre políticos y ciudadanía si una figura como la de los conflictos de interés, que avanza en todos los ámbitos, a ellos no se les aplica?, ¿se puede sinceramente hablar de mejorar la calidad de los políticos si sus estándares no conversan con los exigidos para cualquier profesión que se aspire a ejercitar con seriedad y compromiso? Al respecto, vale la pena observar una polémica reciente en Italia. Frente a la posibilidad de realizar test psicotécnicos a aspirantes a jueces y fiscales, el juez más famoso (Nicola Gratteri), se ha mostrado favorable si se extiende también a los políticos y a quienes ostentan cargos de gobierno.

Capítulo aparte merece el silencio sobre el impacto en la política de la transformación digital y, en particular, de la inteligencia artificial. Ello da la sensación de que la conversación transcurre por cauces noventeros. Cabe recordar que Chile mostró al mundo una experiencia inédita: refugiándose en las redes sociales, un candidato presidencial ni necesidad tuvo de pisar territorio nacional.

Por María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política.