Coronavirus y costos de la democracia
INTERCALADA entre datos de fallecimientos, recuperados y nuevos contagios leemos un tipo de información que, con la que está cayendo, podría parecer extemporánea. Viene desde Grecia, donde su primer ministro pidió a los políticos que cedieran la mitad de su sueldo pasando por Uruguay, donde su presidente ordenó bajarles el sueldo para crear un ‘Fondo Coronavirus’. España no ha quedado al margen, anunciándose un debate sobre recortes en el Congreso que iría desde suprimir dietas a reducir sueldos.
Tales anuncios buscarían entrar en sintonía, al menos mientras dure la emergencia sanitaria, con sociedades de repente golpeadas. La española, que venía saliendo de una crisis de poco más de una década, asiste con pavor a los datos del paro recién conocidos: casi 900.000 empleos perdidos tan solo en la segunda quincena de marzo.
Aunque lo que ahora urge es enfrentar la amenaza vital, un mínimo rigor prospectivo permite anticipar que restricciones y carencias a las que la población se verá sometida desencadenarán debates sobre la democracia y sus aspectos más específicos. Ya se discute la eficacia de los regímenes políticos a la hora de enfrentar una pandemia a raíz del relativo éxito de China con su autoritarismo, o de cómo ésta se usa para restringir libertades.
Nos referimos al denominado “costo de la democracia”, asunto que se presta para fácil demagogia. Basta recordar cómo emprenderlas contra la casta le sirvió a Pablo Iglesias para terminar integrándola.
Es más, ha sido copartícipe de la inflación institucional generada por el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, el más nutrido de ministerios de la historia reciente de la democracia española, el mayor de la UE y el más caro de controlar por el Congreso. Pasó de 17 a 23 carteras, lo que obligó a crear más comisiones parlamentarias para hacerles seguimiento.
Recordemos que ya antes, luego de las elecciones municipales y autonómicas, supimos que en muchos lugares de España los políticos lograban deponer su secular frentismo en aras de algo que parece unificarlos: el aumento de sus propios sueldos.
Estos, sin embargo, no son más que la punta del iceberg de un problema estructural: una enmarañada administración del Estado urgida de racionalización, simplificación y reordenación de competencias. La actual emergencia sanitaria, además, ha venido a mostrar las dificultades de coordinación entre múltiples actores y niveles.
Por lo anterior, más temprano que tarde, será necesario acometer la reforma más resistida de todas, la de la Administración y para la que nunca hay tiempo. Si bien la evidencia comparada enseña que se ve facilitada por situaciones de crisis, el nuevo protagonismo que va cobrando el Estado será un argumento a usar por sus detractores.
Como sea, un reto así podría resultar una oportunidad para mostrar unidad por parte de una clase política que, previo a la crisis, ya ocupaba el segundo lugar entre nuestras preocupaciones, pero también para partidos carentes hoy de espacio político evidente. Es el caso de Ciudadanos, cuya propuesta original de regeneración política podría terminar cobrando, por fuerza de esta crisis, inusitada vigencia.
Fuente: elcorreogallego.es 08/04/2020
