Manadas
POR Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ-RAMIL Y AGUSTÍN LESTA CONCHADO
EN medio de la amenaza del separatismo catalán y de las asperezas que genera la fragmentación parlamentaria que vive España, hay un tema con particular asiento y recurrencia en el debate público. Se trata de la violencia de género, cuya repulsa social va en ascenso y que se activa especialmente frente a fallos judiciales polémicos o efemérides como el 8 de marzo o el 25 de noviembre pasado. A nivel mundial, la cifra es conocida: una de cada tres mujeres es víctima a lo largo de su vida. En nuestro país, desde que se tienen estadísticas, ha cobrado cerca de 1.000 vidas.
Por ello, fue visto como un avance el que, en 2017, los diferentes partidos aprobasen un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con 26 medidas y una dotación de 200 millones de euros para 2018. Está por finalizar 2018 y nada se sabe de estos fondos, algo puesto de manifiesto por diputadas de Ciudadanos en una pregunta al Gobierno por la ejecución de esas partidas y por cómo se evaluará su eficacia. La última preocupación no es baladí. Buena parte de la conversación se centra en la exigencia de más recursos pero ¿están dando frutos? Las cifras son elocuentes: el promedio de asesinatos anuales bordea entre 65 y 75 mujeres, en forma invariable, desde hace 15 años.
De manera específica, debiera preocupar el funcionamiento de los mecanismos de denuncia y protección de las mujeres. Según afirma en Agenda Pública Javier G. Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal, buena parte de la lucha contra la violencia de género en el terreno legislativo se basa en un presupuesto falso: todos los maltratadores, también los que están dispuestos a matar -e, incluso, a morir-, desistirán de la comisión del delito si se les amenaza con una pena suficientemente intimidatoria. Añade, además, que no identifica bien ni los factores desencadenantes ni las situaciones de riesgo, sustentándose en inercias y procedimientos demostradamente ineficaces, condicionando la protección de la mujer, de manera inflexible, a la previa presentación de denuncia. Y es lapidario: “el sistema no analiza convenientemente cada feminicidio, no estudia sus errores y, por tanto, no hay aprendizaje”. Añadamos un factor adicional: ¿hasta qué punto nuestra gobernanza, con tantos niveles y actores, produce una ralentización que se expresa, muchas veces, en una “no llegada a tiempo”?
En Galicia se tramitan cada día cerca de 20 denuncias por violencia de género -cifra que no deja de crecer- y, en los últimos años, han muerto 58 mujeres. Frente a ello, la política sigue sumida en un enfrentamiento que no trepida en usar casos como el de La Manada, una violación grupal acontecida en los Sanfermines que ha generado indignación global. Ana Pontón, portavoz del BNG, traslada la existencia de “manadas” a la justicia, la política y las instituciones, incluyendo en ellas al propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Éste último censuró las declaraciones “machistas” de la primera sobre las diputadas del PP a las que tildó de “mandadas”. Mientras tal nivel de frívolo efectismo inunde un ámbito de política que exige el mayor de los rigores, seriedad y profesionalismo, no cabe duda: ellas seguirán muriendo.
Fuente: elcorreogallego.es 03/12/2018
