SOS a la propiedad forestal
POCO antes de comenzar las vacaciones supimos que el nuevo Plan Forestal de Galicia se sometía a información pública, señalando que definirá la estrategia de producción de los montes gallegos en los próximos veinte años. Entre sus novedades, incluye la figura de los “montes modelo”. Ésta permitirá que, “en cada distrito, se valore la posibilidad de establecer masas gestionadas por la administración forestal que supongan un referente próximo y ejemplar de la aplicación local de los modelos silvícolas”.
Que dicho plan sirva para dinamizar el sector forestal gallego, está por verse. Recordemos el “banco de tierras”, una idea del bipartito y cobijada por el gobierno popular, pero devenida en una herramienta sospechosa, funcionarial y poco atractiva al propietario.
Las leyes sobre el rural y sobre el territorio, promovidas por los gobiernos gallegos de las cuatro últimas décadas, pierden de vista un eslabón principal de la cadena: el propietario forestal. Hablamos de 1.100.000 propietarios de fincas forestales, la inmensa mayoría gallegos urbanos, que no han recibido los estímulos adecuados para ayudar a revitalizar una Galicia rural gestionada desde las preferencias, la comodidad y la distancia de los despachos de una Galicia urbana que arropa y promueve una visión idealista y constructivista, centrada en complejos planes y modelos inviables. El intervencionismo al uso termina generando un propietario ausente y desilusionado, con muchas obligaciones y escasos retornos. El monte gallego reclama incentivos y apoyo a la gestión, a la asociación de propietarios, a la productividad y competitividad, a la inversión, al impulso de seguros, a la mercantilización de los servicios generados por sus ecosistemas y al desarrollo de la industria, de las empresas de servicios forestales y de las capacidades que encierran los montes vecinales en mano común.
El futuro estable y dinámico del monte gallego requiere que la propiedad forestal sea protagonista, desarrolle sus iniciativas sin trabas y en base a simples y claras reglas del juego. Es necesario que el propietario forestal tenga libertad para plantar lo que quiera, para responder a las señales del mercado y de la cadena monte-industria de forma que pueda ejecutar sus aprovechamientos y sus rentas sin cortapisas.
Un nuevo marco pasa por una administración renovada que, más que limitar y frenar, impulse un escenario que fortalezca y capacite a las asociaciones de propietarios forestales particulares y a las comunidades de montes vecinales en mano común, que facilite los recursos financieros y los instrumentos y servicios de apoyo para que se puedan diseñar y desarrollar iniciativas y se reconozca el valor mercantil de la multifuncionalidad de la propiedad rural gallega.
Galicia, a través de sus unidades de explotación, no solo produce leche, carne o madera, también suministra un gran número de bienes públicos y de servicios de sus ecosistemas, hoy no retribuidos, sin precio de mercado. Es necesario reconocer cuanto antes los derechos de propiedad de estos servicios para incrementar las rentas del rural.
