Ciudadanía fiscal
LA llegada al Gobierno por parte de Pedro Sánchez adoleció de un programa de Gobierno claro y explicativo de lo que pretende hacer y cómo lo llevará a cabo. La preocupación es más legítima si cabe dado que ha develado su aspiración a agotar la legislatura. Ante esta ausencia, y aunque sus guiños al zapaterismo anticipan un cierto estilo, no queda más remedio que irlo conociendo por la vía de los hechos. Los primeros anuncios son un indicio de que los socialistas mantienen un reflejo condicionado a la subida de impuestos y a la expansión del gasto público. Si hubiera alguna duda, ahí están los independentistas para cobrarle su apoyo en la moción de censura así como Podemos, en su autoproclamada condición de “socio preferente”.
Concedamos que los impuestos constituyen el pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar pero ¿se deduce siempre de su aumento el logro de objetivos progresistas? La respuesta no es mecánica. Sabemos por los medios que cerca de 90.000 millones de euros al año se desvían en España por causa de la corrupción; que la economía sumergida asciende a 168.000 millones y reduce la recaudación en casi 26.000 millones y que nuestras administraciones públicas, según el Banco Mundial, son de las menos eficientes de la eurozona. Encontramos que necesitan recaudar 1,45 euros por cada euro de gasto efectivo. Según el Banco Central Europeo, nuestro país podría conseguir ahorros estructurales del orden de los 40.000 millones de euros si se lograra equiparar la calidad de la función pública a la de la media europea. A pesar de ello, Pedro Sánchez no ha trepidado en aumentar la estructura de altos cargos de la Presidencia del Gobierno, subiendo de 14 a 22, con un incremento del 57 % y donde algunos cobrarían incluso más que él y sus ministros.
Aunque es mucho el dinero de los contribuyentes dilapidado a lo largo de estos años, la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la mejora de la función pública no han formado parte decidida de las prioridades del bipartidismo. Tampoco lo serán durante el mandato de Sánchez. Y si hubiera dudas ya Carmen Calvo, la Vicepresidenta, afirmó que “estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”.
Aunque España es uno de los países desarrollados con un mayor esfuerzo fiscal, las voces que piden tener mejores instituciones de supervisión, control y evaluación del gasto son todavía aisladas. Es cierto que, en nuestra declaración anual de la renta, podemos destinar una parte de nuestros impuestos a fines sociales y que, además, se nos informa someramente en un gráfico del destino de lo que se recauda. Además, el Spending Review (revisión del gasto público) que está haciendo la AIRef y que fue exigencia de Ciudadanos en el pacto de investidura con Rajoy es un buen comienzo, aunque insuficiente.
La situación no experimentará un vuelco como producto de una concesión graciosa del poder sino por demandar la pertinencia y eficacia en el gasto de un dinero que es, al mismo tiempo, de todos y de cada uno. Las elecciones municipales de mayo del 2019 constituirán una oportunidad para evaluar programas y expresar nuestras exigencias al respecto.
