Galicia y la corrupción
LA mala racha noticiosa que viene de Europa no se limita solamente a la decisión de la Justicia alemana de no extraditar al expresidente catalán Carlos Puigdemont, decretando su libertad condicional. Acaba de conocerse un reporte, ausente de las tertulias políticas, esos lugares donde tanto se habla por estos días del fantasmagórico máster de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata del Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea, donde se evalúan categorías que determinan el dinamismo económico y la calidad institucional de las divisiones territoriales de sus 28 países. En él, aparecen Andalucía y La Rioja como las comunidades autónomas con mayor y menor corrupción, respectivamente.
Galicia emerge como la segunda con mayor indicencia de corrupción. A pesar del empeño del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, por mostrarnos como una Arcadia feliz por contraste frente a la convulsa Cataluña, no nos faltan nuestros hoyos negros ¿Tendrá algo que ver la ausencia de alternancia en el poder? Es posible ya que favorece la creación de redes clientelares perpetuadas a lo largo del tiempo. En Andalucía, el PSOE gobierna ininterrumpidamente desde 1982 y en Galicia, el Partido Popular gobierna ya por treinta tres años desde 1981, salvo breves interrupciones. No es por nada la célebre frase del célebre historiador británico y crítico, por cierto, del nacionalismo, Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Nada de esto sucede en un limbo. España obtuvo en 2017 su peor resultado sobre percepción de la corrupción en el ranquin de Transparencia Internacional, ocupando el puesto 42 de 180. Además, es el segundo país de la OCDE donde los ciudadanos denuncian mayor corrupción entre partidos y políticos. El 80 % denuncia que es un fenómeno “generalizado” en el seno de los partidos y el 74 % la percibe entre los propios políticos. ¿Exagerado? No tanto cuanto se nos dice que la corrupción le cuesta a los contribuyentes 87.000 millones de euros al año.
Al Gobierno, el asunto parece no quitarle el sueño. No se hace eco de las advertencias anticorrupción del Consejo de Europa. Aparecemos incumpliendo repetidamente todas sus recomendaciones sobre independencia judicial y buenas prácticas parlamentarias.
En la lucha contra la corrupción, las sanciones legales son tan solo una parte. El periodismo de investigación, así como la ciudadanía organizada, cumplen un rol crucial para incentivar el rechazo moral a esta práctica. En este último ámbito, el tejido de organizaciones existente en España tiene todavía mucho margen para crecer. Destacan, en ese esfuerzo, las fundaciones Civio y Compromiso y Transparencia, así como Openkratio, Accesse Info Europe y Transparencia Internacional.
Más raro es que los partidos, sindicados como problema, se propongan ser parte de la solución, promoviendo instituciones fuertes y regulación de los mercados como medida para combatirla. En este sentido, muy recomendable es visitar la página web de Ciudadanos. En ella, dedica uno de sus ejes fundamentales, el IV, a la “regeneración democrática y lucha contra la corrupción”.
Fuente: elcorreogallego.es 10/04/2018
