Expertos del Grupo Colmeiro analizan el reto para el 2018: la revisión del modelo autonómico de financiación

La negociación de los asuntos espinosos siempre se deja para el final. Es el caso de la revisión del modelo de financiación autonómica, telón de fondo de la crisis política que se vive en Cataluña. No será fácil abordar su reformulación en un clima de incertidumbre y con una agenda política que condiciona sobremanera el debate de los expertos. Para el coordinador del Grupo de Análisis y Debate Colmeiro, el catedrático Luis Caramés, el asunto crucial estriba en que los distintos territorios no poseen una capacidad económica igual por variadas razones: el medio físico, la demografía, o el grado de desarrollo económico.

La Constitución -afirma Caramés- establece fórmulas de nivelación de recursos vía transferencias, dentro de un sistema de nivelación, “pero a unos les parece que transfieren demasiado y a otros que les llega poco, y a veces esos desacuerdos justifican incrementos indeseables de Deuda Pública”. Para el profesor de la USC “tampoco ayuda que el resultado final, después de la igualación de capacidades vía transferencias, no se cumpla el principio de ordinalidad, y un territorio más rico aparezca clasificado por detrás de uno que lo es menos”.

Caramés añade el condimento político: “algunos territorios quieren ser Estados y con ello el cóctel está servido, la técnica hacendística sólo puede aliviar, pero no resolver”. Tampoco es muy optimista en cuanto a la eficacia de la Comisión de Expertos creada por el ministro Montoro: “sin duda muy capaz, pero a representante por Comunidad Autónoma… No hay que decir nada más al respecto… ni el que asó la manteca.”

La solución debería venir, según Caramés, “dando mayor discrecionalidad tributaria a las CCAA, perfeccionando el cálculo de las necesidades de gasto y estableciendo un fondo de estabilización que permitiese suavizar el ciclo, sobre todo en caso de crisis. “Y hacer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera funcione como tal, limitando relativamente el papel del gobierno central, asignándole labores de coordinación”.

Cuestión de método

Para el profesor de economía, Javier Rodríguez Seijo, el objetivo prioritario es dotar de suficiencia financiera a las Comunidades Autónomas para atender los servicios públicos fundamentales descentralizados. La clave para ello estaría, según consta en el “Informe Final de la Comisión de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación de las CCAA, en la construcción de un método para calcular el precio de los servicios ofrecidos por las comunidades. Éstos difieren en cada autonomía y por ello es necesario reducir el número de criterios de cálculo, fondos y ajustes, y formular un sistema transparente que evite las correcciones que acaban por desvirtuar el modelo. Este economista considera que las perspectivas de una reforma en profundidad son escasas y que Galicia debería tener “una posición pragmática, centrando ahora el mayor esfuerzo en la revisión y el cómputo de los indicadores de las diferencias de necesidad y de coste entre comunidades.

Seijo afirma también que “deberíamos perfeccionar el sistema actual de financiación “ajustada por habitante”; es decir, defender ponderaciones favorables en los estándares comunes de las “unidades de necesidad” en materia de sanidad, educación y servicios sociales donde dispersión y estructura por edades recoja las debilidades de nuestra comunidad para dotar a la población de servicios de calidad”. Para ello -añade Seijosería conveniente conceder cierta libertad a las CCAA, de modo que sean sus ciudadanos quienes elijan sus opciones tributarias una vez que los servicios básicos hayan sido garantizados.

Bono demográfico

La politóloga, María de los Ángeles Fernández Ramil, recientemente incorporada a Colmeiro, aboga por incluir en el debate sobre financiación el “bono demográfico” que dispone Galicia en el exterior. “Galicia es la comunidad con mayor cantidad de personas fuera de España (21% del total del país), uno de cada 5 españoles expatriados es gallego. Medio millón de gallegos reside en el extranjero, con dos de cada tres no nacidos en España”.

Según Fernández Ramil, Galicia necesitaría 20.000 inmigrantes al año, hasta el 2029, para paliar la crisis demográfica. La polítóloga considera que nuestra comunidad tiene la singularidad de un enorme contingente de personas que son descendientes de gallegos y que han quedado excluidas de optar a la nacionalidad española por desinformación en cuantos a los procedimientos para su obtención. “Galicia sigue creciendo, aunque lejos. Y ello es, se mire por donde se mire, no una situación inmanejable sino una riqueza”. La comunidad gallega, según Fernández Ramil, dispone en el exterior de un bono demográfico que podría garantizar su sustentabilidad, pero serán necesarias políticas audaces y actuaciones continuadas para capitalizar esta oportunidad.

Fuente: elcorreogallego.es  11/12/2017