Una tesis incómoda
El planteamiento del expresidente Ricardo Lagos acerca de una crisis institucional generalizada puede ser visto como un eslabón más del debate relativo al malestar que arrastra Chile desde fines de los ‘90. El país experimenta desajustes y tensiones. Aunque algunos lo circunscriben a la política, diagnosticando una crisis de representación, él fue más lejos al incluir a otros actores. Su alusión, en la que no se libera de responsabilidades propias, emerge en momentos en que convergen los escándalos de financiamiento ilegal de la política,un magro crecimiento y una menor capacidad estatal para absolver demandas.
A pesar de que ha sido desestimado, tanto desde sectores del conglomerado de gobierno como por analistas políticos, La Moneda no trepidó en salir al ruedo. La Presidenta Bachelet, incluso, ha intentado poner paños fríos. Su interpretación es que asistimos a una “crisis de confianza” en las elites pero ello no afectaría a las instituciones. La disociación resulta extraña. La confianza no flota en el aire, es relacional y generada por algo o por alguien. Por su parte, las instituciones no son contenedores vacíos. Están conducidas por la elite, con sus acciones y omisiones, siendo la confianza el vínculo indispensable para que éstas merezcan legitimidad, es decir, la creencia de que son las más apropiadas. Enseguida afirma que éstas funcionan, pero parece evidente que el Servel y el Servicio de Impuestos Internos (SII), por citar entidades antaño valoradas, no pasan por su mejor momento. Por su parte, los partidos y el Congreso están a ras de suelo. Se observa un socavamiento acumulativo de activos con los que el país contaba. Transantiago recibe la peor evaluación desde 2008. El Ministerio de Justicia, con el estallido simultáneo de crisis en el Sename y Gendarmería, parece hacer agua. Obras Públicas es nuestro Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo se entiende, si no, el puente Cau Cau, que costó $ 18 mil millones y cuya demolición, diseño y reconstrucción costará $ 10 mil millones? ¿Y cómo olvidar el fracaso de “el mejor censo de la historia”, en 2012, que nos costó a todos $ 30 mil millones o el Casengate de la administración Piñera? Todo este despilfarro, por cierto, lo termina pagando Moya.
Pero no se trata sólo de eficiencia administrativa. Cambios estructurales como los ofrecidos exigen coordinación, visión estratégica del escalón superior del Estado y disposición a hacer cosas en forma distinta, lo que no termina por aquilatarse. Ello afecta, desde la eficacia de las políticas sectoriales, hasta la relación del gobierno con su coalición.
En este cuadro, mientras la agenda salta de tema en tema como en una montaña rusa, la Nueva Mayoría se debate entre su propia proyección, la ilusión de un cambio de gabinete y la búsqueda de un nuevo relato, con el peligro de ignorar lo advertido por el exmandatario. No es necesario contentarse con no vivir en Alepo para abdicar del intento por desentrañar si asistimos a puntos críticos de algún tipo. En todo caso es sabido que, en materia de crisis, la clase política suele ser la última en enterarse.
Fuente: Blog Voces de La Tercera 11/08/2016
