Chile en una glosa

Entre la épica de la nueva etapa que se anunciaba y la lógica de salir del paso

Nadie se imaginaba que podría suceder algo peor que lo que fue la implementación del Transantiago durante el primer mandato de Michelle Bachelet. En 2007, una reforma que aspiraba a cambiar la vida de los santiaguinos lo que trajo fue estropicio.

2015 reeditó, en otro formato, lo que fue esa pesadilla. Distintos analistas aluden al descorrimiento de un velo, metáfora con reminiscencias donosianas, que ocultaba el financiamiento de las campañas electorales así como las colusiones empresariales, que terminaron escalando hasta su más eximio representante, el dueño de La Papelera. La Iglesia Católica tampoco se vio exenta de polémica. No contentos con eso, también se vieron impactados el fútbol nacional, con la detención en Estados Unidos del presidente de la Asociación Nacional del Fútbol (ANFP) y el ejército, luego de descubrirse el caso llamado “Milicogate”, fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre que asciende, hasta ahora, a 3.300 millones de pesos.

La onda expansiva terminó salpicando, a través de su hijo, a la propia Bachelet, investigado por su posible participación en un caso de especulación inmobiliaria. Lo grafica bien una de sus más recientes frases, que encuentra su correlato en la imposibilidad de alcanzar, al menos, un 30% de apoyo: “Cada día puede ser peor”.

Con una multiplicidad de instituciones que suscitan suspicacia y que desbordan los marcos de la política, no se sabe dónde puede terminar el intento de cerrar la brecha de confianza por medio de una batería de reformas políticas donde destacan las de probidad y transparencia. Mientras personeros de la coalición las acusan de ralentizar la marcha del resto de las reformas, dado el tiempo extra demandado para su tramitación, hay que añadir el inicio del proceso constituyente. Durará tres años y su imparcialidad será supervisada por un Consejo Ciudadano de Observadores. Su composición, en la que se esperaba que la mandataria se desquitara concretando la paridad de género con la que no pudo sellar su gabinete por culpa, según ella, de los partidos, ha levantado críticas transversales por cuanto sólo nominó, entre sus 15 miembros, a 3 mujeres.

Dado que, a la vuelta del año, el país ya estará hablando de las elecciones municipales, cabe preguntarse qué queda de la noción de “nuevo ciclo” con la que Bachelet inició su segundo mandato. La promesa de derrotar la desigualdad, que el oficialismo ilustra oscilantemente con realidades tan distintas como Finlandia o la RDA, vendría a reemplazar un modelo de mercado que se encuentra impugnado.

Desde el punto de vista de los rostros, la promesa de renovación de la política en una generación cuya autoridad más visible fue su flamante ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo ha quedado atrás llegando, a espacios estratégicos del gobierno, personeros de la otrora Concertación.

En materia de ideas, si bien hay consenso en señalar que las reformas tributaria, laboral y educacional eran necesarias, su referencia parece ser el horizonte de derechos sociales de la socialdemocracia del siglo pasado. Por su parte, el empresariado no lo hace mejor. Ya el académico de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, señaló que vive en una cultura que excluye a los talentos que no pertenecen a un cierto club y es, además, cerrada a la innovación.

En cuanto a los procedimientos, la Nueva Mayoría se aferró a su mayoría legislativa. Aunque la necesidad de trascendencia de sus propias reformas hacía necesario pensar en acuerdos más amplios, resultaba difícil luego de haber abjurado de ellos como causa de la pérdida de capacidad transformadora de su antecesora Concertación. Descuidó, asimismo, la necesidad de modernizar sustantivamente un Estado con tendencia a seguir creciendo el que, en un mandato corto de cuatro años y con una Presidenta aficionada a los check list y a la autoimposición de plazos, se mueve como paquidermo entre oficios, planillas y minutas.

La guinda de la torta la puso el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional la glosa que garantizaba la gratuidad en la educación superior. La oposición argumentó que no sería admisible regular una materia de esa naturaleza en un instrumento transitorio, amén de su carácter discriminatorio porque establece preferencias, dadas las restricciones financieras, por los estudiantes de las universidades estatales. Mientras el gobierno identifica un plan B que no tenía, dentro del oficialismo han surgido voces que acusan debilidad técnica e improvisación, situación inentendible ante la cantidad de expertos que el país tiene en este tema.

La orfandad de pensamiento estratégico resulta más evidente, si cabe, cuando las metas son más ambiciosas. Quizás sea Mariana Aylwin, ex Ministra de Educación, quien mejor develó el contraste entre la épica de la nueva etapa que se anunciaba para Chile y la lógica que se observa de salir del paso porque ¿cómo puede terminar reducido a una glosa lo que fue elevado a la altura de emblema para avanzar en igualdad?

Publicada en El País el 16/12/2015