Política en fuga
QUIEN habló en su momento de frenesí legislativo, difícilmente vio venir la vorágine de reformas políticas en curso, gatilladas por los conflictos emanados de la relación entre el dinero y la política. A primera vista, leyes de probidad y transparencia, y de partidos políticos y financiamiento de la política, caminan hacia mayores niveles de fiscalización y de control.
Particular polémica ha generado la “orden de partido”, que aspira a lograr el alineamiento de las votaciones de los parlamentarios. Apunta al corazón de la tensión entre una necesaria disciplina y la libertad del legislador en términos individuales. Por otro lado, las exigencias para la subsistencia de los partidos contraviene, de alguna forma, una de las promesas de la que era portadora la reforma del sistema binominal: el reconocimiento de la diversidad política. Resulta plausible pensar que mayor fragmentación partidaria es caldo de cultivo del caudillismo pero, de la misma forma, la existencia de más opciones serviría para canalizar el malestar fluctuante. Que con 3% de adhesión que merecen los partidos, haya personas dispuestas a crear uno merece más aplauso que bloqueo. Añadamos que los requerimientos burocráticos que el proceso encierra son tan incómodos como peregrinar de rodillas al santuario de Lo Vásquez.
Aunque el Gobierno aspira a aumentar la confianza en las instituciones políticas, el asunto escapa a ser lineal, coexistiendo con otro tipo de frenesí, de tipo autonomista. El manoseo del que ha sido objeto el SII no ha hecho más que alimentarlo. Problema que emerge, encuentra mecánica solución en un órgano autónomo, dentro del aparato estatal, independiente del poder político. Bajo la creencia de que ciertos ámbitos son tan importantes que no pueden quedar librados a las lógicas de los ciclos electorales, se los aloja en una especie de limbo cuyos custodios estarían supuestamente inoculados de la influencia política contingente. Aunque el Gobierno no le concedió dicha calidad al INE, parece haber una clara apuesta por otorgársela al Servel. Mientras tanto, el Senado no entiende que la propuesta de institucionalidad para la emergencia no tenga tal estatus, habida cuenta nuestras condiciones de sismicidad estructural. El cuadro se ve confuso. Con la pretensión de impedir en la política las posibilidades de abuso, vamos hacia un sistema más fragmentado, no necesariamente por más partidos sino por más organismos autónomos que dificultarán la hoy escasa coordinación transversal. Mientras tanto, el binominal se resiste a morir, encontrando en ellos su último refugio. Es cosa de ver el Tribunal Constitucional.
Resulta paradójico que, en tiempos en que la política se ve más exigida, una coalición que reivindicó su primacía sobre la economía así como la de las mayorías electorales, contribuya a lo opuesto: por un lado, al recurso de la autonomía constitucional como técnica que permite, en palabras del constitucionalista Francisco Zúñiga, la proliferación de instituciones contramayoritarias y, por otro, que la política termine decidiendo cada vez más sobre menos asuntos y, lo que es peor, potencialmente irrelevantes.
Publicada en La Tercera el 19/11/2015
