Alguien en quien confiar
EL CAMBIO de los requisitos para formar un partido político ha levantado polvareda. La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió elevar el porcentaje de firmas exigidas del 0,25% al 0,5% del electorado que votó en la última elección de diputados de cada región. Adicionalmente, limitó la formación de partidos en una sola, obligando a las nuevas colectividades a constituirse en tres regiones continuas u ocho discontinuas.
Si no fuera porque burla un compromiso adoptado en el marco de la reforma electoral para tener el apoyo de quienes aspiran a ser partidos, la rectificación, a primera vista, parece pertinente a la luz de situaciones recientes. Lloran lágrimas de cocodrilo quienes no atendieron las advertencias acerca de los riesgos del voto voluntario. La abstención que aspiraba a frenar, lejos de ello, podría ir en aumento.
En el caso de nuevas formaciones, la Ciencia Política entrega aprensiones legítimas, ya que la exigencia del 0,25%, al no ayudar a la creación de fuerzas de alcance nacional, favorece la fragmentación. De ahí al surgimiento de caudillos regionales, habría sólo un paso. La Auditoría de la Democracia del PNUD de 2014 constató que el paisaje partidario del país real es multipartidista. Insistir en ahogarlo por temor a dicho fenómeno desconoce el hecho de que ya convive con nosotros. Otros factores lo incentivan más, si cabe, como la personalización de la política y la no limitación de los mandatos. Hace rato se huele un tufillo feudal en el ejercicio que hacen de sus cargos algunos parlamentarios, pero también alcaldes.
El acuerdo, sin embargo, pone más pelos a la sopa, tanto porque refuerza la sensación de improvisación política como también por las intenciones que se les imputan a los partidos. Su renuencia a legislar en serio este tipo de asuntos viene precedida por la mostrada frente a la recomendación de la Comisión Engel de refichaje total de sus militantes como requisito para recibir financiamiento público.
Si los partidos le han tomado el peso a la crisis de confianza institucional y entienden que de su comportamiento depende la democraticidad del sistema, está por verse. En América Latina, las reformas políticas con freno de mano y calculadora parece ser la tónica, incluso en situaciones de crisis. Es cosa de volver a la Venezuela de los 80 donde las conversaciones politológicas acerca de la necesidad de una gobernabilidad para el cambio presentan un inquietante parecido con las nuestras. Lejos de la petrificación, se intentó ampliar y diversificar los canales de participación así como mejorar la representación. Por ejemplo, se aprobó la elección directa de gobernadores y alcaldes; se modificó la ley de sufragio para hacerlo más personal y menos partidista; se avanzó en mecanismos de democracia interna, descentralización y participación de los militantes en las decisiones políticas y se buscó dar autonomía al poder judicial. El resultado es conocido. Venezuela buscó en una persona las fuentes en las que abrevar confianza. ¿Moraleja? En países como el nuestro, que viven encrucijadas de difícil discernimiento, quizás sea mejor pecar por exceso en sus reformas que por defecto.
Columna publicada en La Tercera 09 el 8/10/2015
